No se nos olvidan los señores Cerdá y Marqués, o los sucesivos responsables en Medio Ambiente y Agricultura, aprendices adelantados del ‘Rajoismo’ de los hilillos de plastilina, del arte de dejar morir los temas, que enarbolaron la bandera de que una lechuga siempre será más ecológica que cualquier pino. Un mensaje de subordinación ambiental frente a los sectores económicos.
Seguro que ellos, negacionistas a ultranza, habrían apostado por un baño institucional en Punta Brava emulando al ínclito Manuel Fraga. ¿Por qué se paralizó el proyecto CAMP de gestión integral de la laguna, tras ser concedido, o se derogó la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, o se encerraron en el cajón una y otra vez los planes de ordenación y gestión de los espacios del entorno lagunar, hasta hoy mismo? ¿Dónde están los resultados de las declaraciones europeas de Área Sensible y Zona Vulnerable? ¿Quién es el responsable de que cuando contabilizamos, por teledetección e imágenes de satélite, los regadíos del campo de Cartagena obtengamos de 55.000 a 60.000 hectáreas netas, unas 20.000 más de lo previsto legalmente? ¿Cómo es posible que estos incrementos ilegales de superficie regada o del número de desalobradoras pasen desapercibidos para las instituciones o no hagan nada al respecto durante décadas? ¿Quiénes son los responsables del fracaso del anterior plan de recogida de los drenajes agrícolas, con toda la obra civil ociosa o inutilizada?
La degradación del Mar Menor es directamente proporcional a la dejación e incompetencia de nuestras instituciones. Unas administraciones locales que han sido largamente parasitadas por la actividad constructora, y una administración central, y especialmente regional, sensible en extremo a los intereses agrarios, y también urbanísticos. Durante décadas, científicos y ecologistas, una y otra vez, señalábamos las causas últimas del problema del Mar Menor, y la Administración miraba, una y otra vez, al dedo con el que señalábamos. Se empeñaron en las medusas, el síntoma, y se olvidaron de las causas últimas, la actividad agraria y el crecimiento urbano-turístico desmedidos.
Y, ¿ahora qué? Ya no vemos solo las orejas, sino todo el lobo en su integridad. Menudo verano nos espera. ¿Quién va a asumir responsabilidades de un potencial fiasco turístico, que hará tambalear profundamente la imagen de la oferta más singular de nuestra costa? Seamos sensatos y reconduzcamos el problema. Consensuemos el diagnóstico y las medidas más inmediatas. Yo ya me lancé en su momento con una propuesta, en forma de decálogo, que aunaba una cierta visión integral focalizada en la raíz de los conflictos, huyendo activamente de debates parciales y simplistas tipo tubería sí, tubería no.
La hoja de ruta la debemos acordar ya entre todos, en el marco del Consejo del Mar Menor que debería ser constituido con urgencia. Todo ello sin olvidar la máxima de que ‘quien contamina paga’, un principio general de responsabilidad ambiental y equidad social de obligado cumplimiento, y que determina que el causante del problema costea las soluciones, con independencia de las responsabilidades penales, si las hubiere.
Por último, mi más sincero reconocimiento al comisario de Aguas y al señor Fiscal de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por su actitud resolutiva. Si les puedo ser de utilidad, cuenten conmigo y con tantos otros compañeros y colegas que han luchado por un espacio lagunar sano, como un sistema ecológico de calidad que sustenta un recurso económico de primera magnitud como es el Mar Menor. Actuemos sin dilación, pero hagámoslo integralmente y con eficacia. No repitamos errores anteriores.
