INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL MAR MENOR Y SU
ENTORNO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PLATAFORMA SOCIAL PACTO POR EL MAR MENOR
El Mar Menor es un espacio singular dentro de
Europa y el Mediterráneo, una de las mayores lagunas litorales que como
consecuencia de sus extraordinarios valores ambientales le ha valido ser
declarado Parque Natural, humedal
RAMSAR, Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(Convenio de Barcelona), Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de
Importancia Comunitaria pertenecientes a la Red Natura 2000 y Área de
Protección de la Fauna Silvestre. Ha sido medio de vida para miles de murcianos
durante siglos y constituye una de las mayores referencias paisajísticas y
culturales para esta región, una verdadera joya de nuestro patrimonio. Todo
esto, sin embargo, no ha sido suficiente para evitar que a lo largo de las
últimas décadas su deterioro haya llegado al extremo de que se haya iniciado un
proceso de eutrofización que en cualquier momento podría ser irreversible.
EVOLUCIÓN DEL DETERIORO DEL MAR MENOR.
Sin olvidar otras causas históricas como la
actividad minera en la Sierra de la Unión, desde las décadas de los años 60 y
70, el entorno agrario y urbano del Mar Menor, ha experimentado un gran
crecimiento.
La alta densidad de población en las zonas
ribereñas, y especialmente en La Manga del Mar Menor, ha ejercido una fuerte
presión sobre la laguna. Las aguas residuales afectaron en el pasado
notablemente en la calidad de sus aguas. Este problema, en la actualidad, está
parcialmente controlado, salvo excepciones concretas, por la construcción y
puesta en funcionamiento de depuradoras. Sin embargo, no ha sido así todo lo
referente a infraestructuras e intervenciones que demanda el turismo:
construcción de puertos deportivos, paseos marítimos, diques, etc., que han
obstaculizado de forma sensible la dinámica de las corrientes internas y por
tanto, su capacidad de regeneración.
No obstante, la causa fundamental e inmediata de su
degradación, viene determinada por un desarrollo sin control de la industria
agroalimentaria en su extensa cuenca (Campo de Cartagena), especialmente desde
la conversión de las tierras de secano en tierras de regadío con la llegada del
agua del Trasvase Tajo-Segura. Este cambio aumentó exponencialmente la
superficie de las tierras dedicadas a cultivos de regadío, y con ellas el uso
de nutrientes (abonos, pesticidas, fertilizantes, etc.) que, al final, terminan
acumulándose en la laguna. Este aumento queda evidenciado con el hecho de que,
el actual número de hectáreas de regadío, excede en más de 20.000 las
legalmente permitidas.
Esta acumulación de nutrientes ha provocado que en
la actualidad se haya entrado en un proceso de eutrofización con un notable
deterioro de la calidad de las aguas del Mar Menor. En las últimas semanas hay
quien afirma que han comenzado a aparecer síntomas de anoxia, lo que de
confirmarse, provocaría, casi irremediablemente, una importante pérdida de la
biodiversidad que le ha valido las figuras de protección antes mencionadas, así
como cuantiosas pérdidas económicas para las actividades que dependen de su
calidad, tales como el turismo, la pesca, etc.
Otra consecuencia de la transformación de la
actividad agraria, que no siempre se tiene suficientemente en cuenta, es la
colmatación de la laguna por efecto del aporte de sedimentos por la falta de
adopción de medidas preventivas de la erosión de los suelos en las citadas
explotaciones.
LA ACTUACIÓN
DE LAS ADMINISTRACIONES.
Nadie cuestiona ya la responsabilidad de los
gestores políticos y la administración a lo largo de las últimas décadas, ni
siquiera el partido en el Gobierno Regional (el mismo durante todos estos años)
se molesta en desmentirlo. Tan evidente es esta situación, que la Fiscalía de
Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia, tiene abierta una
investigación que, con toda probabilidad, será remitida en breve a los Juzgados
competentes en forma de denuncia para depurar responsabilidades.
La patente falta de consciencia, e incluso cultura
ambiental, ha tenido un peso definitivo en lo sucedido, pero lo cierto es que
esa negligencia ha sido intencionada al haberse administrado favoreciendo a
determinados sectores empresariales frente al interés público, siendo
especialmente grave porque el desenlace había sido advertido en reiteradas
ocasiones.
La totalidad de las administraciones han tenido y
tienen, dentro de sus competencias, un alto grado de responsabilidad, si bien
esta política del "dejar hacer" a lo largo de estos años, recae fundamentalmente
en la Administración Central (Confederación Hidrográfica del Segura) y en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la, ahora, Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Sólo así se explica que se haya llegado a
tal situación que en la Cuenca del Mar Menor existan unas 2.000 desalobradoras
y un número indeterminado de pozos abiertos (la práctica totalidad ilegales) y
que la superficie regada haya crecido en 20.000 hectáreas por encima de lo
legalmente permitido.
Por parte de
la Consejería de Agricultura:
No se ha realizado control alguno sobre los usos
del suelo.
No se han implementado medidas contra la erosión ni
se han establecido límites en la distancia del Mar Menor a la que se puede
cultivar, con consecuencias tan desastrosas como, por ejemplo, las inundaciones sufridas por los vecinos
de Mar de Cristal y Los Nietos durante 2015 y que también ha dado lugar a una
denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Cartagena por parte de la fiscalía
de Medio Ambiente y Urbanismo.
No se han establecido controles sobre el uso de
nitratos y otros abonos agrícolas en la cuenca del Mar Menor hasta mediados de
este año, cuando ha salido a información pública la normativa referente a su
utilización, al estar declarada como zona sensible a su contaminación, con un
retraso de más de diez años con respecto a los plazos establecidos en la
Directiva 91/676/CEE. Además del perjuicio causado al Mar Menor, las tierras de
cultivo están perdiendo casi todo su valor para la agricultura por prácticas
que agotan el suelo.
Los Planes de Gestión de los espacios naturales de
que está dotada la laguna no se han desarrollado, llegándose a la situación, en
2015, en que después de haber sido redactado el Plan de Gestión del Área de
Protección Integrada correspondiente, fuera paralizado por la propia Consejería
ante la presión del sector empresarial. Solo ante la escandalosa situación
desencadenada en los últimos meses ha vuelto a salir a información pública, con
un texto prácticamente igual al anterior.
Después de que entrase en vigor, en 1.987, la Ley
específica de Armonización de Usos del Mar Menor y aunque no llegó a
desarrollarse plenamente, fue derogada por la Ley del Suelo de la Región de
Murcia de 2001.
Ante fenómenos como la proliferación de medusas que
llegaron a censarse en decenas de millones en años anteriores, la única
solución aportada, fue la de proceder a su eliminación, a pesar de las
advertencias realizadas por los científicos de que esta proliferación se debía
a la cantidad de nutrientes que contenía las aguas de la laguna.
Por parte de
la Confederación Hidrográfica del Segura:
No se ha realizado un mínimo control sobre el uso
del agua en la Cuenca del Mar Menor, lo que ha alimentado el crecimiento
desmedido de la extensión agraria y, por tanto, el uso de fertilizantes. Es más
que sintomático la existencia de unas dos mil desalobradoras en la zona y un
número indeterminado de pozos sin la correspondiente concesión, siendo, la
cifra de expedientes sancionadores abiertos, ridícula en relación a la
situación existente.
Las salmueras de las desaladoras privadas, con
altas concentraciones de nitratos, han estado vertiéndose a las ramblas y muy
especialmente a la de El Albujón, con un caudal continuo, durante años sin que
se haya hecho nada realmente eficaz para localizar la procedencia de las mismas
y proceder a su clausura. Tan solo, en el mes de abril de este año se inició el
sellado de los tubos a través de los que se estaban produciendo esos vertidos,
con la intención, según información recabada de la Comisaría de Aguas, de poder
localizar a los infractores. Dado que, como consecuencia de este sellado, se ha
reducido de forma sensible el caudal de la citada rambla, no así la actividad
agraria, sería fundamental conocer dónde se están vertiendo en la actualidad
esas aguas, pues tenemos conocimiento de que en muchos casos, son devueltas al
acuífero.
No se ha intervenido en el desarrollo de las nuevas
transformaciones agrarias, que hubieran requerido de la información favorable
de la Confederación en lo relativo a uso del agua e infraestructuras
hidráulicas.
Ayuntamientos
También los cuatro Ayuntamientos del entorno
(Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar) han llevado a
efecto prácticas nocivas para la laguna, como la mal llamada regeneración de
playas, con las obras de dragados que lleva consigo, a pesar de haberse
denunciado reiteradamente por los científicos y asociaciones ecologistas. La
última detectada se llevó a efecto a inicios de este mismo verano por el Ayuntamiento
de Los Alcázares después, incluso, de haber saltado la alarma social por la
situación de la laguna.
Tenemos el convencimiento de que toda esta dejadez,
ha tenido su origen en la protección desmedida a unos determinados sectores empresariales (especialmente el
agrícola y la construcción), por parte de unas administraciones insensibles a
los problemas ambientales y más preocupadas por los resultados electorales y
las cifras económicas a corto plazo, que por la conservación del patrimonio
natural como garantía de un futuro sostenible a medio y largo plazo. La presión
por parte de las organizaciones agrícolas y empresariales ha sido continua y ha
tenido un reflejo claro en la prensa.
CREACIÓN DE PACTO POR EL MAR MENOR
Como consecuencia de todo lo relacionado
anteriormente y la alarmante pasividad de la Administración, a finales del
verano de 2015, surgió un movimiento ciudadano que rápidamente aglutinó a los
mayores expertos, científicos y profesionales de las Universidades,
organizaciones ecologistas locales, nacionales e internacionales, asociaciones
de vecinos y profesionales, la totalidad de los sindicatos mayoritarios a
nivel nacional, etc. A este movimiento lo hemos denominado Plataforma por un
Pacto por el Mar Menor.
Nuestra primera actuación fue la organización de
unas jornadas científico-informativas en la Universidad de Murcia en los
primeros días de diciembre de ese mismo año, donde se volvió a poner énfasis en
la situación en que se encontraba la laguna y la necesidad de una actuación sin
demora. En aquel momento, los partidos políticos invitados, se comprometieron a
iniciar los trámites precisos. La celebración de estas jornadas tuvo una gran
repercusión en los medios de comunicación, se envió copia de las grabaciones a
los distintos organismos oficiales y partidos políticos y, no obstante, no hubo
respuesta administrativa hasta la primavera de 2016 cuando las aguas del Mar
Menor presentaban síntomas visibles de su deterioro.
A causa de la incesante actividad de esta
Plataforma, así como de las organizaciones que la integran, nuestro crecimiento
ha sido continuo, lo que nos convierte en la mayor representación social y una
garantía de independencia incuestionable al estar totalmente desligada de
partidos políticos e intereses privados.
INTERVENCIÓN
ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN
En el mes de febrero de 2015 se aprobó, por la
Asamblea Regional, la creación de la Oficina Técnica del Mar Menor y en fecha 5
febrero, por mayoría de los Grupos Parlamentarios, se acordó dotarla de medios
económicos para su puesta en funcionamiento, a pesar de lo cual, el ejecutivo
regional, haciendo abuso de su poder dentro de la administración, anunció que
no la pondría en funcionamiento.
El Grupo Parlamentario Socialista, ha propuesto,
tal y como esta Plataforma había solicitado anteriormente, que se declare una
moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor hasta tanto quede aprobada la
Ley de Protección del Mar Menor y se establezcan los límites a las actividades
en el entorno de la laguna. Desgraciadamente, el Grupo de Ciudadanos junto con
el Partido Popular se han opuesto, por distintos motivos, a establecer esa
medida provisional, cuya necesidad ha quedado patente el pasado día 20 de
agosto cuando el colector de aguas de La Manga se colapsó y produjo un vertido
de aguas fecales que acabó, nuevamente, en la laguna.
El Gobierno Regional ha emprendido, a destiempo,
una serie de actuaciones encaminadas a recuperar, estrictamente, la calidad de
las aguas del Mar Menor, pero eso sí, sin haberse planteado, ni remotamente, la
adopción de medida alguna en relación a las 20.000 hectáreas de regadío ilegal
de su entorno, ni tampoco a los modelos de producción agrícola. Las actuales
prácticas agrícolas están blindadas y siguen siendo totalmente incuestionables.
Esta posición le ha llevado a improvisar medidas que solo podemos calificar
como "parches" pues ni actúan sobre el origen del problema, ni
garantizan el fin de la entrada de nutrientes a la laguna por otras vías no
menos importantes, como son el acuífero y la escorrentía.
Estas medidas
son:
Iniciar las obras de un salmueroducto que vierta
las aguas residuales agrícolas al Mediterráneo. Obras que han invadido terrenos
pertenecientes a la Red Natura en El Carmolí, sin cumplir con los más mínimos
requisitos administrativos, como la Evaluación de Impacto Ambiental. Existen
serias dudas sobre si una vez tratadas estas aguas residuales, se conseguirá
que cumplan con los niveles máximos de contaminación requeridos para que puedan
ser vertidas al Mediterráneo.
Construcción de un filtro verde en la desembocadura
de la Rambla de El Albujón. Efectivamente, los filtros verdes, constituyen una
solución económica, sostenible y natural. El problema reside en que esta
actuación se realiza de forma descoordinada de una intervención integral en la
cuenca, por lo que el resto de ramblas con caudales ocasionales, pero con
altísimas concentraciones de nitratos, quedan fuera de cualquier intervención.
Tampoco se prevé, por tanto, solución alguna respecto a las aguas subterráneas que
en cantidad importante, pero no del todo conocida, están llegando a la laguna
saturadas de nitratos.
Resulta preocupante las informaciones aparecidas en
prensa en los últimos días, en las que expertos ajenos a esta Comunidad
contratados por la Consejería proponen aumentar la comunicación del
Mediterráneo con el Mar Menor con el fin de que se produzca una más rápida
renovación de la masa de aguas, algo que los científicos que conocen bien la
laguna ya han calificado como contraproducente, pues no sólo se duda de su
eficacia, si no que, además supondría la pérdida de aquellos valores naturales
por los que tantas figuras de protección ha recibido.
La Consejería de Agricultura, tras la petición
realizada por esta plataforma, anunció a principios de verano la creación de un
comité de expertos, pero a día de hoy, no se ha hecho público quienes lo
integrarán y, sin embargo, las actuaciones anteriormente referidas ya se han
iniciado sin contar con su asesoramiento.
Ante todas estas medidas precipitadas, descoordinadas
y carentes del debido asesoramiento científico, las noticias aparecidas en
prensa, etc.. queda claro que la prioridad del Gobierno Regional es la de
asegurar las subvenciones europeas procedentes de la Inversión Territorial
Integrada (ITI) del Mar Menor, conforme al Reglamento 1303/2013/UE (artículo
36). La tremenda situación
medioambiental en que se encuentra la laguna, es percibida por el ejecutivo
como un contratiempo al que debe dar respuesta provisional ante el temor de que
la Comunidad Europea pudiera retirar las subvenciones antes citadas, dando así
al traste con sus pretensiones desarrollistas.
LA GESTIÓN DE
LA ITI DEL MAR MENOR
Una ITI no constituye una cantidad predeterminada,
sino que su dotación aumenta en función de los proyectos concretos que se
presentan, después de su estudio y aprobación. Así, la cuantía estimada a
principios del presente año era de cuarenta y cuatro millones de euros y en el
mes de mayo, según palabras del Sr. García Ayllón, Director General de
Transportes, Costas y Puertos, esa cifra había alcanzado la suma de sesenta y
cinco millones. Tengamos en cuenta que la ITI de Cádiz, mucho más avanzada, en
ese mismo mes ya llegaba a los setecientos millones de euros.
La posición del Gobierno Regional ha estado tan
lejos de la realidad que cuando la ITI fue solicitada, no se tuvo en cuenta la
situación medioambiental del Mar Menor y todas las actuaciones previstas, sin
excepción, estaban destinadas a la creación de infraestructuras y otras
inversiones encaminadas, exclusivamente, al impulso económico de la zona:
paseos marítimos, carriles bici, rampas para botadura de embarcaciones,
ampliación de puntos de amarre en puertos deportivos, etc. Tanto es así que su
coordinación se puso en manos de la Consejería de Fomento, algo impensable si
lo que se hubiera querido acometer era una regeneración total del entorno.
A pesar de la oportunidad única que supone una
inversión de esta envergadura, ni tan siquiera en este momento se ha planteado
la posibilidad de acometer una intervención integral en toda la cuenca del Mar
Menor, habiéndose contemplado, únicamente, actuaciones puntuales en la misma
tónica que el resto de propuestas: construcción de un filtro verde en la
desembocadura de la Rambla del Albujón y, construcción de salmueroducto, eso
sí, tan sólo a partir del mes de mayo de 2016, cuando ya la alarma social había
saltado y, por supuesto, sin contar con un adecuado asesoramiento científico
que pudiera determinar las medidas a adoptar y sus prioridades.
Es de constatar que en el último año, la actuación
estrella de la Consejería de Medio Ambiente ha sido la construcción de tanques
de tormenta, infraestructuras que, partiendo del organismo con competencias en
cuestiones medioambientales, resultan insignificantes ante la magnitud del
problema que se estaba planteando y de hecho, este es un tema del que no se ha
vuelto a hablar.
Durante
este verano, el Gobierno Regional ha estado realizando encuestas (sin
transparencia ni garantía alguna) "a pie de playa" para,
supuestamente, consultar a los vecinos de la zona sus prioridades en relación a
las actuaciones a acometer, dándoles una relación de algunas de ellas con el
fin de que pudieran ser votadas. Sin embargo, por la información que hemos ido
recogiendo, todas estas actuaciones ya estaban previstas, lo que pone de
manifiesto que a día de hoy, la prioridad del Gobierno Regional no es la
regeneración integral de la laguna y su entorno como requisito previo a
cualquier otra inversión, si no una dinamización económica precipitada y sin perspectivas
de futuro.
Esta Plataforma considera de gran interés conocer
qué proyectos se han presentado ya ante la Comunidad Europea y en qué estado
procedimental se encuentran, con el fin de poder participar en tales decisiones
y determinar su necesidad, prioridad y poder descartar aquellos que se
consideren negativos para el futuro del Mar Menor. Lo cierto es que se está
realizando con tal opacidad que ni los partidos representados en la Asamblea
Regional tienen conocimiento de ello.
QUÉ PROPONE
PACTO POR EL MAR MENOR
Esta Plataforma, reclama, como medida inmediata, la
creación de un Comité independiente de Expertos en el que deberán estar
representados los científicos de las universidades e instituciones públicas que
a lo largo de todos estos años han estudiado al Mar Menor y mejor conocen la
situación actual de la laguna y su posible evolución futura. Será este comité
quien proponga las actuaciones más urgentes y sus prioridades. También
reclamamos, como garantía de independencia económica y política y por
constituir la más amplia representación social, estar presentes en ese comité y
participar en la adopción de sus decisiones.
Murcia, 8 de septiembre de 2016
GRUPO DE COORDINACIÓN DE PACTO POR EL MAR MENOR