Ciertamente los trámites ambientales en la administración son de auténtica vergüenza. Hay personas que llevan tres o cuatro años esperando a que se les autorice su actividad empresarial (plantas de gestión de residuos, talleres, industrias varias...) por trámites que deberían durar un máximo de cuatro meses. Y esto es así desde hace más de 15 años.
Resulta increíble que se invierta un millón de euros de fondos públicos en la creación de esta agencia «que ampliará los objetivos actuales para ser más cercana con las empresas y ayudarles con una legislación ambiental complicada» –según declaró el consejero Javier Celdrán– por dos motivos: por un lado existen puestos de trabajo dependientes de financiación autonómica en precario a pesar de estar justificada su necesidad y antigüedad por falta de presupuesto, y por otro, se supone que las empresas tienen su propio capital para hacer frente a su desarrollo. El Gobierno regional, en lugar de tener una iniciativa propia para crear puestos de trabajo públicos que garanticen la estabilidad de las familias y el sistema, deriva fondos públicos en la ayuda de empresas, para lo que ya existe el INFO.
Desgraciadamente el medio ambiente ha sido y es agredido indiscriminadamente, y especialmente en el caso del Mar Menor, precisa de estos fondos para su protección y recuperación. No se promueve un desarrollo sostenible ni se lucha contra el cambio climático cuando los beneficios van al sector privado. Es necesario cambiar los sistemas productivos en origen. El empleo público es esencial para preservar cierto equilibrio, cierto compromiso con el procomún (modelo de gobernanza para el bien común) y está sujeto a una normativa de obligado cumplimiento aún más en materia medioambiental.
Con este enfoque no se hizo en toda la reunión ni una sola alusión al problema principal al que se enfrenta la Consejería de Medio Ambiente: la protección y recuperación efectiva del Mar Menor. La separación de Medio Ambiente de Agricultura marcó un principio que acogimos con expectación y que ha culminado en un episodio previsible por cuanto se ha instalado al frente de medioambiente el criterio empresarial. Así, mientras progresa una hoja de ruta propuesta por la CROEM, fracasa un filtro verde.
Hablan de grandes proyectos cuando solo se trata de proyectos que dan solución a los problemas medioambientales que han originado la dejadez de funciones y un desarrollo insostenible. No se aprende de los errores, ni de las terribles consecuencias que han tenido y tienen en la laguna. No pueden hacernos olvidar que el deterioro del Mar Menor es consecuencia de impactos de actividades económicas de carácter empresarial en un santuario natural donde no se han asumido los costes de los mismos y que han puesto de manifiesto la incapacidad de la administración para hacer frente al control y cumplimiento de las normativas. La misma administración que cree que la salvación del Mar Menor y del empleo de las familias está en manos de los empresarios y de su beneficio.
Creemos que mejorando la estructura de la Dirección General y dotando de más medios al cuerpo técnico de empleados públicos existentes, y por supuesto, aumentando el número de personal de nivel técnico y administrativo, y aprovechando la experiencia en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y en conservación y protección del medioambiente se pueden lograr mejores resultados.
19 de noviembre 2017
